Home 2011 Mayo 2011 Jurisprudencia de la corte constitucional

 

SENTENCIA C-255 DEL 6 DE ABRIL DE 2011

 

Mediante la Sentencia C-216 de 2011, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, mediante el cual se quería declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, fruto de los desastres producidos por el fenómeno de la niña.
En dicha oportunidad, consideró que el Gobierno no había logrado demostrar a cabalidad, el por qué de la necesidad de la declaratoria de un nuevo Estado de Emergencia distinto al declarado mediante el Decreto 4580 de 2010, cuya vigencia se mantuvo hasta el 5 de enero de 2011; ni el por qué de la insuficiencia de facultades concedidas al Gobierno en el mismo decreto, para superar las calamidades públicas causadas por el fenómeno de “La Niña”.
Ahora, la inexequibilidad del decreto mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, implica ineludiblemente, que sus decretos legislativos de desarrollo, pierdan su sustento jurídico.
En ese orden de ideas, la Corte declara la inexequibilidad del Decreto 128 del 20 de enero de 2011, “por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011”.

 

1. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

 

1.1 EL IMPUESTO AL PATRIMONIO Y SU SOBRETASA, TIENEN UN MANEJO CONTABLE SIMILAR
OFICIO 115-046673 DEL 1° DE ABRIL DE 2011


Mediante la Ley 1370 de 2009, se creó por el año 2011, el impuesto al patrimonio aplicable a personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho cuyo patrimonio a 1° de enero de 2011, sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000). Por su parte, el Decreto Legislativo 4825 de 2010, creó la sobretasa del impuesto al patrimonio antes mencionado, correspondiente al 25% el impuesto debidamente depurado.

Respecto a la mencionada sobretasa, la Superintendencia precisa que conceptualmente ha sido entendida como “aquella que se constituye sobre algún tributo previamente establecido, cuyos recursos están destinados a un fin específico”.
En relación con el manejo tributario del impuesto al patrimonio y la sobretasa, el Decreto 859 de 2011 dispuso que podrán ser amortizados contra la cuenta de revalorización del patrimonio, o contra los resultados del ejercicio de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Así mismo, establece la imposibilidad de poder ser tratados como deducibles o descontables en el impuesto sobre la renta.
En atención a la nueva reglamentación, este despacho interpreta, que al reconocer la obligación en su totalidad desde el momento de su ocurrencia, permite diferir el monto a través de una amortización en forma anual, con lo cual, aún cuando estamos frente a un reglamento netamente tributario, éste tiene injerencia en el reconocimiento contable del hecho económico. Frente a lo anterior, este despacho establece las alternativas de manejo contable así:

 

  • Amortizando el valor total del impuesto y la sobretasa con la cuenta de revalorización del patrimonio;
  • Cargando el valor total del impuesto y la sobretasa en la cuenta del gasto en el año 2011;
  • Cargando una parte del total del impuesto y la sobretasa a la cuenta de revalorización del patrimonio y la otra al gasto del año 2011;
  • Cargando su valor como un activo diferido amortizado contra el resultado del ejercicio y/o contra la cuenta de revalorización del patrimonio en los cuatro años de pago del impuesto;
  • Cargar únicamente el impuesto del 2011 a la cuenta de revalorización del patrimonio;
  • Cargar únicamente el impuesto del 2011 a la cuenta de resultados;
  • Cargar únicamente el impuesto del 2011, una parte a la cuenta de revalorización del patrimonio y la otra parte al gasto.
  • Sobre ese entendido, la entidad concluye que, el impuesto al patrimonio y su sobretasa, tienen un manejo contable similar.

 

2. DOCTRINA TRIBUTARIA NACIONAL

2.1 NO SE HAN FIJADO LAS CONDICIONES PRESENTAR POR MEDIO ELECTRÓNICO RECURSOS, RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ESPECIALES, PLIEGOS DE CARGOS ANTE LA DIAN CONCEPTO 015872 DEL 7 DE MARZO DE 2011


Según el artículo 559 del Estatuto Tributario el contribuyente tendrá la posibilidad de presentar peticiones, recursos, respuestas a requerimientos especiales, pliegos de cargos y demás, a través de medios electrónicos.

Sin embargo, aún cuando la facultad está expresamente consagrada en la norma tributaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aún no ha reglamentado mediante resolución, los mecanismos técnicos y de seguridad que deben tenerse en cuenta al momento de realizar dichas actuaciones por medios electrónicos, razón por la cual, el artículo mencionado es inaplicable.

No obstante lo anterior, el Director General de la DIAN, en el artículo 10 de la Circular 00118 de octubre 7 de 2005 expresó, que dichas actuaciones no pueden realizarse vía correo electrónico.
En ese orden de ideas, el contribuyente sólo podrá llevar a cabo los anteriores procedimientos, a través de:
a) Presentación personalb) Agente oficioso

 

2.2 LA VENTA DE TÍTULOS, BONOS U OTROS TÍTULOS DE DEUDA EMITIDOS EN COLOMBIA, ENAJENADOS EN EL EXTERIOR NO GENERAN EFECTOS TRIBUTARIOS EN EL PAÍS


CONCEPTO 015873 DEL 07 DE MARZO DE 2011


El numeral 5 del artículo 266 del Estatuto Tributario, derogado por el artículo 67 de la Ley 1430 de 2010, consagraba que se entendían como bienes no poseídos en el país, los créditos obtenidos por las empresas nacionales, extranjeras o mixtas en el exterior, siempre que sus actividades se consideraran como actividades de interés para el desarrollo económico y social del país.

Sin embargo, la misma Ley mediante el artículo 56 adicionó el numeral 6° al artículo 266 del Estatuto Tributario, en el cual dispuso, que los títulos, bonos u otros títulos de deuda emitidos en Colombia y transados en el exterior, no se consideran poseídos en el país.
Así las cosas, la enajenación de un título crediticio en el exterior, que realice un inversionista no residente a otro inversionista no residente, no se encuentra gravada en Colombia.

 

2.3 LAS REGALÍAS SÓLO ESTARÁN EXENTAS DEL GMF, EN LA MEDIDA EN QUE EL GIRO DE LAS MISMAS CORRESPONDA A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL O TERRITORIAL

 

CONCEPTO 016658 DEL 9 DE MARZO DE 2011


Sobre el tema, la DIAN se pronunció inicialmente mediante el oficio 091694 de 2009 en el siguiente sentido:

  • Se consideran exentas las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional directamente o a través de los órganos ejecutores, así como el traslado de impuestos a dicha dirección por parte de las entidades recaudadoras.
  • Hace alusión a la Sentencia C-427 del 29 de mayo de 2002 de la Corte Constitucional, según la cual las regalías no tienen la naturaleza de tributarias por corresponder a contraprestaciones que el particular debe pagar al estado por la obtención de un recurso.
  • De esta manera es claro que las regalías no son impuestos y por lo tanto no procede la exención que a ellos atañe.

 

Retomado tal pronunciamiento en el concepto de la referencia, la DIAN manifiesta, que efectivamente las regalías no está exentas del gravamen a los movimientos financieros, al no tratarse de impuestos. Excepto cuando el giro de las mismas corresponda a la ejecución del presupuesto nacional o territorial, para lo cual es indispensable la identificación de la cuenta corriente o de ahorros donde se manejen de manera exclusiva los recursos del presupuesto nacional o territorial, en cuyo caso la Dirección del Tesoro Nacional deberá marcar la cuenta correspondiente.

 

2.4 LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEBERÁN PRESENTARSE EN LOS FORMULARIOS QUE PRESCRIBA LA DIAN PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE

 

OFICIO 016660 DEL 9 DE MARZO DE 2011

 

Según el artículo 578 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 6° del Decreto 4836 de 2010, las declaraciones tributarias deberán presentarse en los formularios oficiales que para tal efectos señale la DIAN. En atención a lo cual, la administración tributaria emite anualmente la resolución mediante la cual se prescriben los formularios para la presentación de declaraciones tributarias.

En atención a lo anterior, el contribuyente no podrá presentar sus declaraciones tributarias, en formatos diferentes a los indicados por la administración de impuestos para el período gravable correspondiente.

 

2.5 UN ACUERDO CONCORDATARIO NO PUEDE REBAJAR O CONDONAR LOS INTERESES FISCALES


OFICIO 018548 DEL 16 DE MARZO 


En reiteradas oportunidades la DIAN se ha pronunciado en el sentido de sostener la imposibilidad de que en un acuerdo concordatario sea legalmente procedente la rebaja o condonación de intereses moratorios sobre obligaciones fiscales.

Al respecto el artículo 845 del Estatuto Tributario manifiesta que las decisiones tomadas con ocasión del concordato, no modifican ni afectan el monto de las deudas fiscales no el de los intereses correspondientes. Por su parte el artículo 135 de la Ley 222 de 1995, manifiesta que tratándose de créditos fiscales y parafiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación o rebajas por impuestos, tasas o contribuciones. Todo lo anterior fue ratificado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-712 de 1998.

En atención a lo anterior, si la Superintendencia de Sociedades aprueba en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, un acuerdo concordatario en el cual se estipula la rebaja o condonación de los intereses fiscales, la administración tributaria debe interponer todos los recursos que procedan, en aras de salvaguardar los intereses Estatales.

 

2.6 LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NO PUEDE EFECTUAR CRUCE DE CUENTAS CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO POSTAL NACIONAL


CONCEPTO 019182 DEL 16 DE MARZO DE 2011


La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 6° el Principio de Legalidad, en virtud del cual, los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que les permitan la Constitución, las leyes y sus reglamentos.

Por su parte, el artículo 57 de la Ley 550 de 1999, consagra la posibilidad de que los contratistas acreedores de la nación, puedan realizar los pagos a través de un cruce de cuentas de los tributos de orden nacional.

En concordancia con lo anterior, la Ley 1116 de 2006 dispuso que, a partir del 28 de junio de 2007, lo consagrado en la Ley 550 de 1999 aplica a las entidades territoriales, las entidades descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales de orden nacional o territorial.
La norma calla respecto de las demás personas y entidades. Razón por la cual, el Despacho considera que no debe aplicárseles la Ley a las personas y entidades que no hayan sido mencionadas en la Ley 1116 de 2006.

En ese sentido, no puede haber cruce de cuentas entre la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales y el proveedor del servicio postal nacional.

 

2.7 INTERPRETACIÓN DE LA DIAN SOBRE EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1430 DE 2010


OFICIO 25808 DEL 12 DE ABRIL DE 2011


Mediante la Ley 1430 de 2010, el Gobierno Nacional dictó normas tributarias de control y para la competitividad. En relación con el Gravamen a los Movimientos Financieros estableció las siguientes modificaciones:
Artículo 3°. Eliminación gravamen a los movimientos financieros.
Adicionase el artículo 872 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos y parágrafos:
“La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente manera:
- Al dos por mil (2X1000) en los años 2014 y 2015- Al uno por mil (1X1000) en los años 2016 y 2017.- Al cero por mil (0X1000) en los 2018 y siguientes.

(…)”.

Artículo 45. Modificase el artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“A partir del año gravable 2013 será deducible el cincuenta por ciento (50%) del gravamen a los movimientos financieros efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor.”.

Con base en este último artículo, podría interpretarse que para los años 2011 y 2012 el gravamen a los movimientos financieros pagados por los contribuyentes, no podría tratarse como gasto deducible el 25% del valor pagado por dicho concepto.
Frente a tal interpretación, la DIAN mediante Oficio 25808 del 12 de abril de 2011, despejo cualquier duda al respecto en el siguiente sentido:

 

  • Con la norma señalada se pasó de otorgar una deducción del 25% del GMF efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, a un porcentaje del 50%, pero a partir del año 2013.
  • Dado que la norma no señaló expresamente la continuación del porcentaje del 25% respecto de los años 2011 y 2012, es necesario acudir a las reglas de interpretación de las leyes.
  • En este caso aplica lo establecido en el artículo 27 del Código Civil, que establece la interpretación gramatical de las normas, según la cual, cuando el sentido de la ley no es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
  • Bajo la anterior interpretación y según el Pliego de Modificaciones del informe de ponencia para segundo debate del proyecto de Ley No. 124 de 2010 – Cámara y 174 de 2010 – Senado, quedó claramente establecido que la intención inicial del legislador era incrementar el porcentaje de deducción del 25% al 50% a partir del año 2011, lo cual, sin embargo, fue finalmente aplazado para el 2013.
  • Por lo tanto, debe entenderse que el artículo 45 de la Ley 1430 de 2010, no sustituyó el inciso segundo del artículo 115 del Estatuto Tributario, sino que lo adicionó.
  • En consecuencia, no eliminó la deducción del GMF para los años 2011 y 2012, razón por la cual para los mencionados años aplica la deducción del 25% del GMF efectivamente pagado.