Home 2012 Septiembre 2012 Normativa impuestos sobre la renta

 

  • Se dispone que los cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios y aeronáuticos y los demás órganos operativos del sistema para la prevención y atención de desastres, estarán exentos del pago de impuestos, tasas o contribuciones, aranceles y nacionalización en la adquisición por compra o donación de vehículos, equipos o elementos nuevos o usados.


  • Las exenciones atrás descritas para la adquisición, por compra o donación de vehículos, equipos o elementos nuevos o usados utilizados para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates a la actividad bomberil y la atención de incidentes con materiales peligrosos, aplicará únicamente para los cuerpos de bomberos.

  • Por otra parte, se establece que los cuerpos de bomberos estarán exentos de pago de impuestos de renta y de peajes para todos los vehículos de las instituciones bomberiles debidamente acreditados e identificados con sus logos respectivos.

  • Se prevé la posibilidad de que a iniciativa del respectivo Alcalde, los Concejos Municipales y Distritales puedan establecer tarifas especiales, o exonerar de gravámenes e impuestos distritales o municipales a los inmuebles destinados a dependencias, talleres y lugares de entrenamiento de los Cuerpos de Bomberos. Del mismo modo, se dispone que esos mismos predios no serán sujetos de impuestos o gravámenes por parte de la Nación.

  • Por otra parte, se prevé que a iniciativa del respectivo Alcalde, los Concejos Municipales y Distritales podrán exonerar a los Cuerpos de Bomberos del pago del impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, impuesto sobre vehículo automotor, valorización, al pago de estampillas, impuestos o contribuciones que se requieran para la celebración de contratos y/o convenios con los entes territoriales u otras entidades de carácter público o privado.

  • Se dispone que los vehículos automotores destinados a la atención del riesgo contra incendio, rescates en todas sus modalidades y a la atención de incidentes con materiales peligrosos a cargo de los bomberos de Colombia y los demás órganos operativos del sistema para la prevención y atención de desastres, estarán exentos del pago de peajes a nivel nacional.

  • Frente a las fuentes de financiación de los cuerpos de bomberos, se dispone que los distritos y municipios podrán aportar recursos para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los siguientes términos:

    • Los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley, y para financiar la actividad bomberil. Las sobretasas o recargos a los impuestos que hayan sido otorgados para financiar la actividad bomberil por los concejos municipales y distritales bajo el imperio de las leyes anteriores, seguirán vigentes y conservarán su fuerza legal.

1.2 Mediante la Ley 1568 de 2012 se aprueba el Convenio entre la Republica de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para Evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, así como el protocolo a dicho convenio

  • Por medio de esta Ley se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y el “Protocolo del convenio entre la República de Colombia y lo Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio”, hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).

  • El respectivo Convenio (y su protocolo) todavía no ha entrado en vigencia y aplicación en Colombia, puesto que la Corte Constitucional no ha emitido una sentencia sobre la Ley aprobatoria del Tratado Internacional, de manera que no se han cumplido los requisitos previstos en el Convenio para su entrada en vigencia y aplicación.

1.3 Mediante la Resolución 70 de 2012, la DIAN establece el procedimiento para la presentación de la documentación comprobatoria de precios de transferencia, a través de los servicios informáticos de la DIAN, por el año gravable 2011 y fracción del año 2012

 

  • Se dispone que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la presentación de la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del Estatuto Tributario por el año gravable 2011 y fracción de año 2012, deberán realizar el envío de la documentación comprobatoria, con el siguiente procedimiento:

    • Se deberá presentar la documentación comprobatoria relativa al régimen de precios de transferencia, en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del menú presentación de información por envío de archivos haciendo uso del mecanismo de firma digital, en el Formato 1729, que se adopta por medio de la Resolución 70 de 2012.

    • Presentada esta información, se comunicará al declarante el resultado de dicho proceso a través de la opción consulta de envíos.

  • El obligado a enviar la documentación comprobatoria de precios de transferencia deberá prever con suficiente anticipación el adecuado funcionamiento de los medios requeridos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones antes descritas. En ningún caso constituirán causales de justificación de la extemporaneidad en la presentación de la documentación comprobatoria relativa al régimen de precios de transferencia, los eventuales daños en su sistema y/o equipos informáticos, falta de conexión, los daños en el mecanismo de firma con certificado digital, el no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción o actualización en el Registro Único Tributario con las responsabilidades relacionadas para el cumplimiento de la obligación y activación del mecanismo de firma digital, la pérdida del archivo de firma u olvido de la clave secreta del mismo, por quienes deben cumplir con la obligación de informar en forma virtual o la solicitud de cambio o asignación de un nuevo mecanismo de firma amparado con certificado digital, con una antelación no inferior a tres días hábiles al vencimiento.

  • Cuando por fuerza mayor no imputable al obligado, no haya disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, deberá procederse en la siguiente forma:

    • La documentación comprobatoria relativa al régimen de precios de transferencia, se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, haciendo uso del mecanismo de firma digital, al día siguiente del restablecimiento del servicio electrónico, hasta obtener el resultado exitoso de este procedimiento. El cumplimiento de la obligación de presentar la documentación comprobatoria supone agotar el procedimiento aquí descrito.

  • Se establece que la información a presentar por el año gravable 2011 y fracción de año 2012, en el Formato 1729, que se adopta con la Resolución 70 de 2012, es la señalada en el artículo 7 del Decreto Reglamentario número 4349 de 2004 (documentación comprobatoria de precios de transferencia).

  • La información deberá enviarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el formato establecido en el Anexo – Formato 1729 V - 1 para la Presentación Documentación Comprobatoria de Precios de Transferencia, que hace parte integral de la Resolución 70 de 2012 expedida por la DIAN.

 

 

1.4 La DIAN pone en conocimiento del público en general, un proyecto de Resolución por el cual se establecen las condiciones procedimentales y las especificaciones técnicas para la presentación de la información de que trata el Decreto 1159 de 2012 (retenciones en la fuente a través de entidades financieras), que deben suministrar las Entidades Financieras y la Dirección General de Crédito Público.

 

  • Con el proyecto de Resolución se pretende regular aspectos tales como el contenido y características técnicas de la información a suministrar por las entidades financieras, la Dirección General de Crédito Público, forma de presentar la información por medio virtual ante la DIAN, entre otros aspectos derivados del Decreto 1159 de 2012, sobre retenciones en la fuente a través de entidades financieras.

 

 

1.5 La DIAN pone en conocimiento del público en general, un proyecto de Decreto Reglamentario, por medio del cual es establecen las condiciones y requisitos para la devolución de retenciones en la fuente practicadas en exceso por concepto de dividendos, cuando resulte aplicable un Convenio para Evitar la Doble Imposición vigente en Colombia

 

  • En el proyecto de Decreto se establece que las retenciones en la fuente que los agentes de retención efectúen sobre dividendos o participaciones a beneficiarios residentes en estados con los cuales Colombia tiene suscrito y vigente un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, sobre los cuales se hayan practicado retenciones en la fuente que de acuerdo con las disposiciones del convenio resulten en exceso de las tarifas previstas en el convenio, serán objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria (DIAN), una vez se acredite el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones establecidos en cada una de las leyes aprobatorias de los convenios, y demás normas reglamentarias aplicables.

 

  • El proyecto indica que para el reconocimiento de la devolución, en todos los casos deben cumplirse los siguientes requisitos:

    • Presentar los certificados de retención expedidos por la sociedad o entidad pagadora de los dividendos o participaciones.

    • Presentar los documentos que prueben el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Convenio para acceder a las tarifas reducidas.

    • Presentar la documentación que acredite la residencia fiscal en el otro estado contratante, expedida por la autoridad competente del respectivo país.

    • La solicitud debe presentarse por el contribuyente beneficiario de los dividendos o por su representante legal o apoderado, con exhibición del documento de identidad, acreditando la personería adjetiva cuando se actúe en calidad de representante o apoderado del contribuyente, ante la Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales que corresponda al domicilio de la sociedad o entidad que paga o distribuye los dividendos o participaciones objeto de la retención.

JURISPRUDENCIA

1 Asuntos Legales

1.1 Mediante comunicado de prensa, la Corte Constitucional informa que con sentencia C-634 de 2012, se declaró inconstitucional una norma del Decreto – Ley 19 de 2012 (anti-trámites) relativa a la autenticación de documentos privados en materia de actas de asamblea de accionistas y demás actos que deban inscribirse en la Cámara de Comercio

  • De manera previa, la Corte constató que el 13 de enero de 2012, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, el Gobierno expidió el Decreto 053 de 2012 cuyo artículo 1 corrigió el artículo 25 del Decreto 019 de 2012. La modificación realizada por el Decreto 053 de 2012 varió uno de los aspectos esenciales de la norma, que es además el más cuestionado por los accionantes, como es el carácter personal de la presentación de las actas de la asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que deban registrase ente las Cámaras de Comercio. Según los actores, este trámite ya había sido eliminado en el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010. Por tal motivo, si bien los accionantes no demandaron la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto 053 de 2012, resulta fundamental hacer su integración normativa a fin de que la revisión constitucional no pierda sentido.

  • Habida cuenta de lo anterior, la Corte precisó que el Decreto 053 de 2012 fue expedido para la corrección de algunos yerros del Decreto - Ley 019 de 2012 y de manera particular eliminó la expresión “personalmente” del artículo 25 de dicho Decreto - Ley, lo cual suprimió la necesidad de presentar personalmente las actas ante el secretario de la respectiva cámara, aunque no eliminó la necesidad de autenticarlas, pues expresamente se sigue señalando que las mismas no se consideran auténticas.

  • En este sentido, la Corte encontró que el Decreto 053 de 2012 excedió las facultades que otorga la Ley 4 de 1913, por no haberse limitado a corregir yerros tipográficos, sino que modificó sustancialmente una regla jurídica fundamental consagrada en el artículo 25 del Decreto - Ley 019 de 2012, mediante la supresión de la expresión personalmente, eliminándose así un trámite que señalaba la versión original de la norma. Teniendo en cuenta esta situación, la Corte determinó que el Gobierno Nacional no puede exceder su facultad de corregir yerros para hacer modificaciones sustanciales al texto de las leyes o de los decretos leyes, pues a través de la eliminación, adición o reforma de una sola palabra se puede cambiar completamente el sentido de la disposición con fuerza de ley, como ha sucedido con el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012.

  • Con fundamento en lo anterior, la Corte procedió a declarar la inconstitucionalidad del artículo 10 del Decreto 053 de 2012, por cuanto el mismo no se limitó a corregir yerros tipográficos, sino que, lejos de ello, realizó una modificación que varió sustancialmente el alcance de la norma original, asumiendo facultades que desbordan el marco de las funciones del Presidente de la república señaladas en el artículo 189 de la Constitución Política, pues dentro de las mismas no se confiere la posibilidad de crear, modificar o suprimir las leyes.

  • En consecuencia, la Corte procedió a analizar el artículo 25 del Decreto Ley 019 de 2012 en su redacción origina señala que: “Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara”.

  • En este punto, la Corte considera que la norma demandada crea nuevos trámites, pues de una parte señala que las actas de los órganos sociales y de administración de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro no se presumen auténticas, y de otra, exige su presentación personal ante el secretario de la respectiva Cámara de Comercio, procedimientos que habían sido eliminados en el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010. Para la Corte, es evidente la contradicción entre el artículo 25 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 42 de la Ley 1429 de 2010, pues mientras el segundo señala expresamente que no se requerirá realizar presentación personal ante el secretario de la cámara de comercio de las actas de los órganos sociales y de la administración de las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, el artículo 25 del Decreto – Ley 019 de 2012 sí exige el trámite de presentación personal.

  • Sobre este aspecto, la Corte señala que la norma que otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República se denominó como “política antitrámites” y concede atribuciones para suprimir o reformar regulaciones, procedimiento y trámites innecesarios y no para crear nuevos o revivir otros que ya existan.

  • En virtud de lo anterior, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la expresión “y de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara” contemplada en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012, pues se exceden las facultades otorgadas al crearse dos nuevos trámites, consistentes en la presentación personal de dichos documentos y en la exigencia de autenticarlos.


CONCEPTOS DIAN

 

1 Impuesto sobre la renta

1.1 La DIAN considera que con la expedición de la Ley 1527 de 2012, resulta procedente que los contribuyentes hagan uso del leasing operativo regulado en el numeral 1 del Artículo 127-1 del Estatuto Tributario (Oficio 041663 de 2012)

 

  • Se le consulta a la Administración si las empresas catalogadas como micro, pequeñas y medianas empresas, pueden tomar, aún después del año 2012, el tratamiento fiscal previsto por el numeral 1 del artículo 127-1 del Estatuto Tributario para los contratos de leasing (operativo).

  • La DIAN señala que según el parágrafo 3 del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, únicamente tendrán derecho al tratamiento tributario de leasing operativo, “los arrendamientos que presenten a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, activos totales hasta por el límite definido por la mediana empresa en el artículo 2° de la Ley 905 de  2004”.

  • Ahora, el parágrafo 4 del citado artículo 127-1 del Estatuto Tributario estableció que todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebraran a partir del 1 de enero de 2012, deberían someterse al tratamiento previsto en el numeral 2 del artículo 127-1 (tratamiento fiscal de leasing financiero), independientemente de la naturaleza del arrendatario.

  • No obstante lo anterior, el artículo 16 de la Ley 1527 de 2012, derogó de manera expresa el parágrafo 4 del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, de manera que las empresas que cumplan los requisitos del parágrafo 3 ibídem, pueden hacer uso del tratamiento previsto en el numeral 1 del citado artículo (tratamiento fiscal de leasing operativo).

 

 

1.2 La Oficina Jurídica de la DIAN considera que las personas naturales con patrimonio superior a tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000) que no estén obligadas a llevar contabilidad, y que sean declarantes del impuesto sobre la renta, están obligadas a diligenciar y presentar el formato 1732, denominado información con relevancia tributaria (Oficio 046828 de 2012)

  • Se le consulta a la DIAN, si las personas naturales con patrimonio superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), que no estén obligadas a llevar contabilidad y que sean declarantes del impuesto de renta, deben diligenciar y presentar el formato No. 1732 (Especificaciones para el suministro de la información con relevancia tributaria para el año gravable 2011, Anexo 2 de la Resolución 000017 de 2012).
  • En este punto, la Administración señala que la prescripción del formulario 110, consagrada en el artículo 1 de la Resolución 000017 de 2012, es para la presentación de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad, correspondiente al año gravable 2011 o fracción del año gravable 2012.
  • Por otra parte, la DIAN indica que el artículo 3 ibídem, se establecen parámetros para algunas personas que deberán presentar información con relevancia tributaria correspondiente al año gravable 2011, para efectos de control tributario, teniendo en cuenta el formato No. 1732 y las especificaciones del anexo 2; señalando entre otras, a aquellos obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2010 que en la declaración inicial o en la última corrección presentada en el año 2011, hubieren declarado ingresos brutos y/o patrimonio bruto superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).
  • Como consecuencia de lo anterior, la Administración considera que las personas naturales con patrimonio superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) que no estén obligadas a llevar contabilidad, y sean declarantes del impuesto de renta, deben diligenciar y presentar el formato No. 1732, según las reglas generales.

1.3 La Subdirección de Asistencia al Cliente de la DIAN considera que las personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad, que utilicen el formulario 220 (prescrito para personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad) para declarar renta, no se encuentran obligadas a presentar la información con relevancia tributaria de que trata el formato 1732 (Oficio 050603 de 2012)

  • La DIAN informa que en materia de impuesto sobre la renta por el año gravable 2011 o fracción del año 2012, las Personas Jurídicas y Asimiladas, las Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a Llevar Contabilidad, deben presentar su declaración de renta por dicho año gravable en el formulario 110, y del mismo modo deben diligenciar el formato 1732 de acuerdo con los lineamientos generales de la Resolución 0017 del 27 de Febrero del 2012 expedida por la DIAN.
  • Por lo anterior, la Subdirección de Asistencia al Cliente de la DIAN considera que las personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad, quienes utilizan el formulario 220 para su declaración de renta del año 2011, no se encuentran obligadas a presentar la información correspondiente al formato 1732.