Home 2013 Junio 2013 Boletín Jurídico Junio - Tributario

 

Esta normativa indica que, dentro de los dos años siguientes a su expedición, se exonerará del pago del impuesto sobre vehículos automotores a los propietarios o poseedores de vehículos automotores que con ocasión de un proceso de desintegración física total requieran el paz y salvo del pago de dicho impuesto para el cumplimiento de requisitos para acceder a la cancelación de la matrícula. La exoneración se hará por la totalidad de la obligación que se adeude hasta la fecha de la cancelación de la matrícula del respectivo vehículo.

 

Para no perder el anterior beneficio, el propietario, una vez recibido el paz y salvo por concepto del impuesto de vehículos automotores,  deberá solicitar la cancelación de la matrícula del respectivo automotor dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes.

 

La ley también relevó a los propietarios o poseedores de cumplir con los siguientes requisitos para acceder al proceso de desintegración física total de un vehículo automotor de servicio particular:

 

a) El certificado de revisión tecno mecánica y de emisiones de contaminantes

b). El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, y

c). Que el vehículo llegue por sus propios medios a la entidad desintegradora.

 

No obstante lo anterior, no podrán ser objeto de desintegración física y/o cancelación de matrícula aquellos vehículos que estén afectados por prendas, medidas cautelares, o que sean objeto de depósito provisional en procesos penales.

 

Ahora bien, el artículo tercero de la ley indicó que sin perjuicio de las demás causales establecidas en las normas vigentes, para efectos de la cancelación de la matrícula de un vehículo automotor también se tendrá como causal el sometimiento del vehículo a la desintegración física total del mismo por la voluntad del propietario.

 

Finalmente, se dispuso que únicamente se beneficiarán de la exoneración los vehículos particulares que corresponden a los modelos 2000 y anteriores.

 

 

 

1.2. Mediante Decreto No. 1000 del 21 de mayo de 2013 se reglamentaron los artículos 2, 4, 9 y 10 de la Ley 1565 de 2012 que estableció incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero a favor de los colombianos residentes en el exterior que deseen retornar al país


El artículo 5 de la Ley 1565 de 2012 estableció una serie de beneficios en materia tributaria a favor de los colombianos residentes en el exterior que deseen retornar al país. En este sentido, se les eximió del pago de todo tipo de tributos que graven el ingreso de los siguientes bienes al país:

 

a) Menaje de casa hasta 2400 UVT.

b) Instrumentos profesionales, maquinarias, equipos, bienes de capital, y demás bienes, excepto vehículos, que se usen en el desempeño de su profesión, oficio o actividad empresarial, hasta 17.130 UVT.

c) La monetización producto de la venta de bienes y activos ganados por concepto de trabajo o prestación de servicios en el país de residencia, con la debida acreditación de su origen lícito y cumpliendo con las formalidades del país receptor. La cuantía a exonerar no deberá ser mayor a 34262 UVT. En este caso no se causará el gravamen a los movimientos financieros.

 

El Decreto 1000 de 2013 establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su página web www.cancilleria.gov.co, pondrá en marcha el Registro Único de Retornados con el fin de recopilar la información de los colombianos que residen en el extranjero y que por voluntad propia deseen retornar al país. Es a través de este registro que se corroborarán los requisitos establecidos por la Ley 1565 de 2012 para acogerse a los beneficios establecidos por ésta.

 

De la misma forma el Decreto establece que el Registro Único de Retornados debe contener como mínimo la siguiente información:

 

a) Datos de Identificación.

b) Datos de residencia en el exterior.

c) Datos de residencia en Colombia.

d) Formación académica.

e) Información ocupacional.

f) Tipo de retorno al que se aplica.

 

Adicionalmente, por medio de este registro el colombiano residente en el extranjero manifestará su interés de retornar al país y de acogerse a la Ley 1565 de 2012. Asimismo, el registro incluirá la autorización del solicitante para que el Ministerio de Relaciones Exteriores consulte los antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y/o información sobre los movimientos migratorios de los solicitantes para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 1565 de 2012.

Por otro lado, el decreto implementó las siguientes medidas con el objeto de asegurar la aplicación de los incentivos previstos en la Ley 1565 de 2012.

 

- La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia deberá proporcionar a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano la información sobre los movimientos migratorios de los solicitantes de manera gratuita y previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cualquier petición y de los requisitos especiales establecidos para este tipo de información reservada.

- La Policía Nacional deberá proporcionar información sobre el requisito de que trata el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1565 de 2012. [[1]]

- Las personas que deseen acogerse a los beneficios de retorno dispuestos en la Ley 1565 de 2012, lo podrán hacer únicamente por una (1) vez y por un sólo tipo de retorno.

- No podrán acogerse a la Ley 1565 de 2012 aquellos colombianos que al momento de la expedición de la Ley ya hubiesen retornado al territorio nacional, ni aquellos que al momento de la solicitud lleven más de un (1) año residiendo en Colombia.



[[1]] Parágrafo 1°. Personas excluidas de los beneficios que otorga esta ley. La presente ley no beneficia a personas con condenas vigentes en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, violaciones al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco se beneficiaran aquellas personas que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.

 

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