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Estimados clientes y amigos:

1.Normativa

1.1 Decreto 1602 de 2015 - Exclusión de IVA sobre comisiones por administración de fondos de inversión colectiva.

Este Decreto precisó las actividades cubiertas por la exclusión de IVA del numeral 3 del artículo 476 del ET, aplicable a "las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por la administración de los fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la administración de fondos de valores, las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversión".

De acuerdo con el Decreto, las actividades cubiertas por la referida exclusión son aquellas que correspondan a la administración, gestión, distribución y custodia de fondos de inversión colectiva, realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de inversión.

2. Doctrina

2.1 Concepto 0746 de 2015 - Mecanismos de terminación de litigios de la Ley 1739 de 2014: Conciliación, terminación por mutuo acuerdo y condición especial de pago.

En este concepto la DIAN señaló que:

a) En la conciliación contencioso administrativa el acto administrativo objeto de conciliación es el acto de demandado.

b)En la terminación por mutuo acuerdo el acto susceptible de transacción es el último acto notificado a la fecha de la presentación de la solicitud.

c) El acto administrativo objeto de la condición especial de pago será el que se encuentre en firme y respecto del cual se solicite el beneficio.

d) La terminación por mutuo acuerdo sí procede cuando el contribuyente haya presentado demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando la DIAN haya notificado alguno de los actos señalados en el inicio 2 del artículo 56 de la Ley 1739 antes de la vigencia de dicha Ley. En todo caso, para efectos de acogerse a la terminación por mutuo acuerdo y suscribir la respectiva fórmula de transacción, el contribuyente deberá desistir o retirar la demanda. Finalmente, según la DIAN, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la solicitud no ha debido operar la caducidad. Si la caducidad opera durante el estudio de la solicitud de terminación, no habrá razón para rechazarla.

e)La terminación por mutuo acuerdo opera respecto de la sanción por disminución o rechazo de pérdidas cuando ésta es impuesta mediante liquidación oficial, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley 1739 de 2014. Cuando la sanción es impuesta en resolución independiente, se deberá pagar el 50 % de la sanción.

f)Un contribuyente que haya liquidado y pagado sanciones e intereses en vigencia de la Ley 1739 no puede corregir posteriormente su declaración para acogerse a la terminación por mutuo acuerdo, y de ese modo, excluir los intereses y sanciones pagados.

g) Un contribuyente que ya haya pagado intereses moratorios plenos en vigencia de la Ley 1739 no puede acogerse posteriormente a la condición especial de pago.

h)No opera la condición especial de pago para los contribuyentes omisos por declaraciones de los años 2012 y anteriores en las que no resulte impuesto a cargo.

i)Para acogerse a la conciliación, condición especial de pago y terminación por mutuo acuerdo el pago no puede hacerse mediante compensación. De acuerdo con la DIAN, el pago debe realizarse mediante recibo oficial de pago, por cada concepto y período.

j)Para acogerse a la condición especial de pago no resulta viable suscribir acuerdos o facilidades de pago.

k)Cuando en la liquidación oficial de revisión se determine un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor, para acogerse a la terminación por mutuo acuerdo el contribuyente deberá corregir su declaración privada. En la corrección se deberá incorporar el total del valor a cancelar (incluyendo las sanciones e impuesto liquidado, declarado y pagado en la declaración privada). Al momento de generar el recibo oficial de pago se deberán ajustar las sanciones al monto que se deba pagar, excluyendo el valor a tranzar.

l)Para acogerse a la terminación por mutuo acuerdo sobre procesos administrativos en los que se hubiere presentado devolución, compensación o imputación, el contribuyente debe reintegrar los valores que hubieren sido objeto de devolución Por lo tanto, el reintegro de sumas de dineros con sus respectivos intereses como requisito para que proceda la terminación por mutuo acuerdo sólo es exigible respecto de las sumas que hubieran sido objeto de devolución. Según la DIAN, si concurre compensación y devolución, dicha obligación solo procede sobre las sumas que hubieran sido objeto de devolución.

3.Jurisprudencia

En esta sentencia la Corte Constitucional declaró exequible el impuesto de normalización tributaria creado por la Ley 1739 de 2014.

Para la Corte este impuesto es constitucional, en la medida en que:

a)Su pago no depende de la voluntad del contribuyente, sino que es una verdadera obligación impuesta por la Ley,

b)El impuesto responde a una finalidad constitucional importante e imperiosa (mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y luchar contra la evasión), y

 c)La creación del impuesto es una medida adecuada y necesaria para conseguir los fines perseguidos por el legislador.

3.2 Sentencia C 492 de 2015 MP María Victoria Calle- Impuesto Mínimo Alternativo Nacional-IMAN

En esta sentencia la Corte Constitucional declaró que el IMAN es constitucional, en el entendido de que "a partir del periodo gravable siguiente a aquel en que se expide este fallo, el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas, en los términos previstos por el artículo 206-10, primera frase, del Estatuto Tributario, una vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los conceptos permitidos por el artículo 332 del Estatuto"

Es decir, que a partir del año gravable 2016 en la depuración del IMAN se podrá detraer una renta exenta del 25 % de los pagos laborales recibidos por el trabajador, una vez restados los conceptos permitidos por el artículo 332 del Estatuto. 

Esta decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

a)Para la Corte el legislador puede gravar las rentas laborales, pero dentro de los límites previstos en la constitución, dentro de los cuales se encuentra la equidad, el mínimo vital y el principio de progresividad en derechos sociales.

b)En concreto, para la Corte el IMAN vulneraría el principio de progresividad de los derechos sociales y el mínimo vital, en la medida en que de manera previa a la expedición de la Ley 1607 de 2012 quienes percibieran rentas de trabajo tenían derecho a gozar de una exención del 25 % de los pagos laborales recibidos. Como dicha exención no es aplicable en la determinación del IMAN, existe un retroceso en un aspecto tributario ligado al mínimo vital.

c)Ahora bien, para que dicho retroceso sea constitucional, es necesario que i) se haya producido en el Congreso un debate democrático amplio y suficiente, y  ii) dicha medida sea proporcional y tenga una justificación constitucional. Esto no ocurrió en el caso del IMAN, pues su impacto en relación con los mencionados principios no fue medido durante el trámite de la Ley 1607 de 2012.

d)Por lo anterior, la Corte Constitucional declaró que el IMAN era constitucional, siempre que se entendiera que dentro de su depuración se puede detraer la renta exenta del 25 % prevista en la primera frase del numeral 10 del artículo 206 del ET. Dicha exención se aplicará una vez se detraigan a los pagos laborales recibidos por el trabajador los conceptos permitidos por el artículo 332 del ET.


La Superintendencia de Sociedades presentó recientemente ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se pretende modificar el régimen societario actual. Desde 1995, año en el cual se aprobó la ley 222, no se proponía una reforma estructural al régimen societario y desde la expedición de la ley 1258 en 2008, ley que creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), no se incluían nuevas figuras jurídicas en el mismo. Por esta razón creemos que es muy importante ponerlos al tanto de las principales propuestas de la nueva iniciativa.  

 

Los puntos más destacados son (i) reforma a la ley de SAS y extensión de algunas de sus normas a otros tipos sociales; (ii) introducción de un nuevo régimen de responsabilidad para los administradores; y (iii) modificaciones a las facultades de la Superintendencia de Sociedades, entre otros.

 

1. Reforma a la SAS y extensión parcial de normas que regulan las SAS a otros tipos societarios.

 

El proyecto de ley comparte con las anteriores reformas el mismo objetivo: modernizar el régimen societario colombiano. No obstante, existen algunas diferencias que cabe resaltar. La ley 222 reformó y adicionó las normas aplicables a todas las sociedades comerciales y la ley 1258 creó un nuevo tipo social con reglas especiales aplicables solo a este tipo social. El nuevo proyecto de ley, por su parte, intenta reformar el régimen general mediante la aplicación a todas las sociedades de algunas normas creadas inicialmente solo para la SAS.        

 

De acuerdo con el proyecto, algunas normas de las SAS se aplicarán de manera automática a los otros tipos societarios; otras requerirían una reforma estatutaria; y un último grupo de normas deberá ser aprobado por todos los socios de dichas sociedades, para que les sea aplicable.

 

Dentro de las normas que tendrán una aplicación automática están aquellas relacionadas con la posibilidad de constituir sociedades y reformar sus estatutos mediante documento privado, renunciar a los derechos de convocatoria e inspección, entre otras que se considera que no tienen un efecto restrictivo sobre los derechos de los accionistas. Por su parte, las normas que requerirán reforma estatutaria son aquellas sobre el término indefinido de la sociedad, el objeto social indeterminado, los acuerdos de accionistas, el modo y plazo para pagar el capital suscrito, entre otras, que pueden tener un impacto moderado sobre los derechos de los accionistas y el gobierno corporativo. Por último, las normas relacionadas con el lugar de las reuniones de asamblea de accionistas o junta de socios, los plazos de las convocatorias a dichas reuniones, el quorum de aquellos órganos, el fraccionamiento de voto y la suscripción de acciones especiales, ente otras, deberán ser aprobadas por la totalidad de los socios o accionistas, dado que potencialmente pueden afectar de manera sustancial las reglas de gobierno corporativo de tales sociedades.  

 

En relación con la SAS, la principal reforma consiste en la eliminación de la obligación de realizar reuniones ordinarias de la asamblea de accionistas, nombrar revisor fiscal y presentar informes de gestión cuando la SAS (i) tenga un accionista único y (ii) el accionista tenga la calidad de representante legal.

 

2. Nuevo Régimen de responsabilidad de los administradores.

 

La novedad más importante del proyecto de ley consiste en redefinir por completo el régimen de responsabilidad de los administradores al modificar los sujetos a quienes les resulta aplicable y los estándares exigidos a los mismos. Su objetivo es garantizar un alto grado de discrecionalidad y deferencia judicial para las decisiones de negocio, al tiempo que especifica los deberes en materia de conflictos de interés y aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. Ante la violación del régimen de responsabilidad, el proyecto modifica las acciones social e individual de responsabilidad, existentes desde la ley 222, y crea la acción derivada, mediante la cual cualquier accionista puede reclamar perjuicios por incumplimiento a los deberes de los administradores en nombre de la sociedad.        

 

Otra interesante novedad es la posibilidad de exonerar o limitar estatutariamente la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad y los asociados, disposición válida para sociedades no inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

 

3.  Modificación a las facultades de la Superintendencia de Sociedades y Otros.

 

De ser aprobado el proyecto, la Superintendencia de Sociedades podrá conocer en calidad de juez, cualquier controversia relativa a la interpretación y aplicación de libro segundo del Código de Comercio y las leyes 222 y 1258, lo cual abarca la totalidad de las normas societarias.

 

En cuanto a sus facultades como entidad administrativa encargada de la inspección, vigilancia y control en temas societarios, el proyecto propone nuevas reglas para el proceso administrativo sancionatorio, medidas cautelares especiales y la posibilidad de imponer multas sucesivas hasta de 2.000 salarios mínimos a personas naturales y 100.000 a personas jurídicas.  

 

Si requiere mayor información por favor póngase en contacto con:

Jaime Moya
Socio
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Alberto Bravo
Asociado Senior

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