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Estimados clientes y amigos,

A través del Decreto 3568 de 2011 el gobierno nacional creó la figura del Operador Económico Autorizado (OEA). Su principal objetivo era facilitar las operaciones de exportación a través de una flexibilización en los controles establecidos por la Aduana sobre estas operaciones. Sin embargo, la regulación expedida en desarrollo de dicho decreto impuso una serie de requisitos que hicieron engorroso el acceso a dicha figura. Adicionalmente, los diversos debates sobre la modificación del estatuto aduanero impidieron que el OEA tuviera el desarrollo esperado por el gobierno nacional en los últimos 4 años, a la fecha solo 13 compañías cuentan con la calificación.

El pasado 22 de septiembre fue expedido el Decreto 1894 por medio del cual se adicionó y modificó el mencionado Decreto 3568. Su fin es claro: impulsar el desarrollo de la figura del OEA a través del ajuste en los requisitos para su calificación y en el otorgamiento de beneficios adicionales. Las principales novedades de dicha norma fueron las siguientes:

 

  • Se establecen dos categorías de OEA, a saber: el "OEA Seguridad y Facilitación" y el "OEA seguridad y facilitación Sanitaria". Esta diferenciación es de gran relevancia ya que no era clara la competencia de algunas entidades involucradas en el proceso de calificación. Adicionalmente los requisitos de calificación se adecuan a cada una de estas categorías.
  • Se adicionan nuevos e importantes beneficios tales como la posibilidad de consolidar el pago de tributos aduaneros, sanciones e intereses en materia aduanera cuando se trate de OEA que además sean importadores. Realización de inspecciones no intrusivas para operaciones de exportación y agilización de trámites a través de la VUCE para empresas que cuenten con la calificación.
  • Simplificación en el trámite de aprobación. Se eliminan informes gerenciales de la DIAN así como las sesiones de aprobación de viabilidad de la solicitud por parte de la Comisión Intersectorial del OEA.
  • Dentro de los requisitos de calificación se matiza el relacionado con no haber sido objeto de sanciones dentro de los 2 años anteriores a la calificación por situaciones directamente relacionadas con la seguridad en la cadena de suministro.
  • Se establece la posibilidad de recurrir, en caso de respuesta negativa,  la calificación a ser otorgada por la DIAN en desarrollo de la aplicación del Sistema de Administración de Riesgos. Esta alternativa no existía en el Decreto 3568. 

El valor de esta norma es indiscutible y redundará en el beneficio de los exportadores colombianos, de ahí que una adecuada verificación de la posibilidad de acceder al régimen se convierte en una tarea que el sector exportador nacional deberá empezar a realizar de forma activa.

Para mayor información sobre este tema, así como demás asuntos aduaneros, cambiarios y de inversión extranjera comunicarse con Juan Pablo Godoy o Camilo Castrillón al (+571) 6348533 Ext. 218.

La Superintendencia de Sociedades presentó recientemente ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se pretende modificar el régimen societario actual. Desde 1995, año en el cual se aprobó la ley 222, no se proponía una reforma estructural al régimen societario y desde la expedición de la ley 1258 en 2008, ley que creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), no se incluían nuevas figuras jurídicas en el mismo. Por esta razón creemos que es muy importante ponerlos al tanto de las principales propuestas de la nueva iniciativa.  

 

Los puntos más destacados son (i) reforma a la ley de SAS y extensión de algunas de sus normas a otros tipos sociales; (ii) introducción de un nuevo régimen de responsabilidad para los administradores; y (iii) modificaciones a las facultades de la Superintendencia de Sociedades, entre otros.

 

1. Reforma a la SAS y extensión parcial de normas que regulan las SAS a otros tipos societarios.

 

El proyecto de ley comparte con las anteriores reformas el mismo objetivo: modernizar el régimen societario colombiano. No obstante, existen algunas diferencias que cabe resaltar. La ley 222 reformó y adicionó las normas aplicables a todas las sociedades comerciales y la ley 1258 creó un nuevo tipo social con reglas especiales aplicables solo a este tipo social. El nuevo proyecto de ley, por su parte, intenta reformar el régimen general mediante la aplicación a todas las sociedades de algunas normas creadas inicialmente solo para la SAS.        

 

De acuerdo con el proyecto, algunas normas de las SAS se aplicarán de manera automática a los otros tipos societarios; otras requerirían una reforma estatutaria; y un último grupo de normas deberá ser aprobado por todos los socios de dichas sociedades, para que les sea aplicable.

 

Dentro de las normas que tendrán una aplicación automática están aquellas relacionadas con la posibilidad de constituir sociedades y reformar sus estatutos mediante documento privado, renunciar a los derechos de convocatoria e inspección, entre otras que se considera que no tienen un efecto restrictivo sobre los derechos de los accionistas. Por su parte, las normas que requerirán reforma estatutaria son aquellas sobre el término indefinido de la sociedad, el objeto social indeterminado, los acuerdos de accionistas, el modo y plazo para pagar el capital suscrito, entre otras, que pueden tener un impacto moderado sobre los derechos de los accionistas y el gobierno corporativo. Por último, las normas relacionadas con el lugar de las reuniones de asamblea de accionistas o junta de socios, los plazos de las convocatorias a dichas reuniones, el quorum de aquellos órganos, el fraccionamiento de voto y la suscripción de acciones especiales, ente otras, deberán ser aprobadas por la totalidad de los socios o accionistas, dado que potencialmente pueden afectar de manera sustancial las reglas de gobierno corporativo de tales sociedades.  

 

En relación con la SAS, la principal reforma consiste en la eliminación de la obligación de realizar reuniones ordinarias de la asamblea de accionistas, nombrar revisor fiscal y presentar informes de gestión cuando la SAS (i) tenga un accionista único y (ii) el accionista tenga la calidad de representante legal.

 

2. Nuevo Régimen de responsabilidad de los administradores.

 

La novedad más importante del proyecto de ley consiste en redefinir por completo el régimen de responsabilidad de los administradores al modificar los sujetos a quienes les resulta aplicable y los estándares exigidos a los mismos. Su objetivo es garantizar un alto grado de discrecionalidad y deferencia judicial para las decisiones de negocio, al tiempo que especifica los deberes en materia de conflictos de interés y aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio. Ante la violación del régimen de responsabilidad, el proyecto modifica las acciones social e individual de responsabilidad, existentes desde la ley 222, y crea la acción derivada, mediante la cual cualquier accionista puede reclamar perjuicios por incumplimiento a los deberes de los administradores en nombre de la sociedad.        

 

Otra interesante novedad es la posibilidad de exonerar o limitar estatutariamente la responsabilidad de los administradores frente a la sociedad y los asociados, disposición válida para sociedades no inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

 

3.  Modificación a las facultades de la Superintendencia de Sociedades y Otros.

 

De ser aprobado el proyecto, la Superintendencia de Sociedades podrá conocer en calidad de juez, cualquier controversia relativa a la interpretación y aplicación de libro segundo del Código de Comercio y las leyes 222 y 1258, lo cual abarca la totalidad de las normas societarias.

 

En cuanto a sus facultades como entidad administrativa encargada de la inspección, vigilancia y control en temas societarios, el proyecto propone nuevas reglas para el proceso administrativo sancionatorio, medidas cautelares especiales y la posibilidad de imponer multas sucesivas hasta de 2.000 salarios mínimos a personas naturales y 100.000 a personas jurídicas.  

 

Si requiere mayor información por favor póngase en contacto con:

Jaime Moya
Socio
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Alberto Bravo
Asociado Senior

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