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BOLETÍN TRIBUTARIO DE MAYO 2016

I. Normativa.

1.1. Ley 1780 de 2016: beneficios para las pequeñas empresas jóvenes.

A través de esta Ley sea crea una exención en el pago de la matrícula mercantil y de la renovación de la matrícula mercantil del primer año, para las pequeñas empresas jóvenes que inicien su actividad económica principal con posterioridad al 2 de mayo de 2006.

De acuerdo con la Ley, pueden acogerse a este beneficio (i) las personas naturales menores de 35 años que no contraten más de 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 SMLMV; y (ii) las personas jurídicas que no superen dicho topes de activos y trabajadores, y la mitad más uno de su capital de pertenezca a personas menores de 35 años. Estos requisitos deberán mantenerse para no perder el beneficio.

Finalmente, esta Ley establece un beneficio para los empleadores que vinculen nuevo personal entre 18 a 28 años. En ese caso, no será necesario realizar aportes a las cajas de compensación familiar por tales trabajadores durante el primer año de vinculación.


Para acceder a este beneficio, el empleador deberá incrementar (i) el número de empleados con relación a los que tenía en la nómina del año anterior; y (ii) el valor total de la nómina del año gravable inmediatamente anterior en términos constantes al que se va a realizar la correspondiente exención de pago.

1.2. Decreto 768 de 2016: eliminación del requisito de titularidad de cuenta bancaria para obtención de RUT.

De acuerdo con el Decreto 2460 de 2013, las personas jurídicas y asimiladas requerían ser titulares de una cuenta bancaria para inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). Dicho requisito fue derogado por el Decreto 768 del presente año. De ese modo, a partir del mencionado Decreto, no es necesario que las personas jurídicas sean titulares de cuentas bancarias para inscribirse en el RUT.

II. Jurisprudencia.

2.1 Auto No. 184 de 2016 de la Sala Plena de la Corte Constitucional: Suspensión de los efectos de la sentencia C-492 de 2015 (exención del 25% de las rentas de trabajo en el IMAN y el IMAS).

Mediante el Auto 184 del 27 de abril, la Corte Constitucional suspendió los efectos Sentencia C 492 de 2015, al admitir un incidente de impacto fiscal presentado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público. En dicha sentencia, la Corte extendió la aplicación de la exención del 25% de las rentas de trabajo (prevista en el numeral 10 del artículo 206 del ET) a la liquidación del impuesto sobre la renta bajo los regímenes del IMAN e IMAS.

En los próximos días deberá realizarse una audiencia en la que el solicitante del incidente expondrá los efectos que tiene la sentencia objeto del mismo en las finanzas públicas, así como un plan para su cumplimiento (artículo 11, Ley 1695 de 2013).

Por su parte, dentro de los 10 días siguientes a la realización de la audiencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidirá por mayoría de sus miembros si procede a “modular, modificar o diferir los efectos de la Sentencia, sin que puedan cambiar el sentido del fallo, con el objeto de evitar alteraciones serias, de la sostenibilidad fiscal.” (Artículo 12, Ley 1695 de 2013)

Dentro de los argumentos presentados por el Ministro de Hacienda para demostrar la procedencia del incidente se encuentran los siguientes:

  • La aplicación de la sentencia C-492 tendría un impacto fiscal de COP 335.000 millones aproximadamente; y

  • Dicha sentencia restringe, de manera significativa, la capacidad del Congreso de modificar beneficios tributarios asociados a rentas laborales con el fin de aumentar el recaudo fiscal del país.

2.2. Auto No. 20631 de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado: suspensión de los incisos 1 y 3 del artículo 7 del Decreto 1828 de 2013 (exoneración de parafiscales).

Mediante el Auto No. 20631 de febrero del presente año, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los incisos 1 y 3 del artículo 7 del Decreto 1828 de 2013.

Estas normas indican que las sociedades, personas jurídicas y asimiladas que sean contribuyentes del CREE están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del SENA y del ICBF, en relación con los trabajadores que devenguen menos de 10 SMLMV.

Para el demandante, estas normas son contrarias al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, de acuerdo con el cual la exoneración de parafiscales aplica frente a trabajadores que devenguen hasta 10 SMLMV (inclusive).

Adviértase que la suspensión provisional no implica la nulidad de las normas demandadas, pues ésta debe ser declarada en la sentencia que resuelva la acción de nulidad. No obstante, sí impide que dicha norma pueda ser aplicada.

2.3. Sentencia No. 19365 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado: efectos de fusión frente a derechos de estabilidad tributaria de la sociedad absorbida.

En la Sentencia No. 19365 del 17 de marzo del presente año, la Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló los efectos que tiene una fusión entre sociedades sobre la obligación de la sociedad absorbente de pagar el impuesto al patrimonio, cuando la sociedad absorbida, en virtud de un contrato de estabilidad tributaria, no debía pagar dicho impuesto. Los siguientes son los puntos más relevantes de la sentencia:

  1. De acuerdo con las normas de Código de Comercio, la fusión entre sociedades surte efectos a partir del momento en que se eleva a escritura pública el acuerdo de fusión. Es pues desde esa fecha que la sociedad absorbente adquiere todos los derechos y obligaciones (incluyendo los tributarios) en cabeza de la sociedad absorbida.

  2. Cuando, en virtud de un contrato de estabilidad tributaria, la sociedad absorbida no estuviera obligada a pagar el impuesto al patrimonio, dicho beneficio se extiende a la sociedad absorbente desde el momento en que se perfecciona la fusión.

  3. De ese modo, siendo el impuesto al patrimonio de causación instantánea, la sociedad absorbente adquiere la protección del contrato de estabilidad tributaria, únicamente, frente a aquellos impuestos que se generen desde el año siguiente a aquel en que ocurrió la fusión.

2.4. Sentencia No. 18957 de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado: intereses e indexación de pagos de lo no debido por aplicación de contratos de estabilidad tributaria.

 

En esta Sentencia el Consejo de Estado unifica su postura en relación con los intereses e indexaciones que se generan como consecuencia de la expedición de sentencias que ordenan la devolución de pagos de lo no debido, por aplicación de contratos de estabilidad tributaria.

Los siguientes son los puntos de mayor relevancia de la sentencia:

  1. La sentencia que reconoce la existencia y aplicación de un régimen de estabilidad tributaria tiene efectos constitutivos en relación con el derecho de devolución del pago de lo no debido.

  2. De acuerdo con el artículo 178 del Código de lo Contencioso Administrativo (“CCA”), los pagos de lo no debido efectuados al amparo de contratos de estabilidad tributaria deberán indexarse desde el día del pago hasta el día de ejecutoria de la sentencia que reconoce la aplicación del contrato de estabilidad.

  3. En estos casos, los intereses moratorios a cargo de la DIAN por la mora en la devolución del pago de lo no debido, se causan, únicamente, (i) cuando venza el plazo conferido por el juez para el cumplimiento de la devolución; o (ii) cuando venza el plazo de 30 días contados desde la ejecutoria de la sentencia para que la DIAN adopte las medidas necesarias para cumplirla (artículo 176 del CCA), en el evento en que no se haya fijado un plazo diferente.

  4. No aplican, en este tipo de casos, las reglas sobre intereses corrientes e intereses moratorios de que trata el artículo 863 del Estatuto Tributario; ni tampoco los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil (6 % anual).

2.5. Sentencia No. 18992 de 2016 de la Sala Cuarta del Consejo de Estado: potestad tributaria de municipios (impuesto de uso y rotura de vías e impuesto por ocupación de vías).

Mediante esta sentencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado reitera que el impuesto de uso y rotura de vías y el impuesto por ocupación de vías (ambos de carácter territorial) no tienen sustento legal que autorice su cobro por parte de los municipios.

Así las cosas, si bien la Constitución de 1991 reconoce potestad tributaria a los entes territoriales, dicha potestad no es ilimitada, teniendo que haber una ley que cree y autorice el cobro de los tributos que pretendan ser gravados por los municipios, distritos y departamentos. Por lo mismo, estando derogadas las leyes que autorizaban el cobro de los referidos impuestos de uso y rotura de vías y de ocupación de vías, los municipios no pueden gravar ni cobrar dichos impuestos.

 

Godoy & Hoyos Abogados.