Boletín Tributario Cambios importantes sobre sociedades y fundaciones panameñas

14 de diciembre de 2016

Estimados clientes y amigos,

A través de este boletín nos permitimos compartir con ustedes ciertos cambios importantes sobre las sociedades y fundaciones creadas y organizadas en la República de Panamá. Específicamente  la Asamblea Nacional de Panamá aprobó recientemente la Ley No. 52 de 2016, donde se introdujo cambios regulatorios que podrían ser de su interés. Los aspectos más importantes de la ley son los siguientes:

A partir del 1 de enero de 2017 las personas jurídicas que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en la República de Panamá, tienen la obligación de mantener registros contables y documentación de respaldo.

La Ley define registros contables como “datos que indiquen de manera clara y precisa las operaciones comerciales de las personas jurídicas, sus activos, pasivos y patrimonio, que permitan determinar la situación financiera de la persona jurídica.”  Asimismo define documentación de respaldo como “los contratos, facturas, recibos o cualquier otra documentación necesaria para sustentar las transacciones realizadas.”  Por otro lado define persona jurídica como “toda sociedad anónima, de responsabilidad limitada o de cualquier otro topo con fines mercantiles, así como fundación de interés privado, constituida y vigente de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.”

 La persona jurídica deberá mantener sus registros contables y documentación de respaldo en (a) cualquier lugar dentro o fuera de la República de Panamá, según determinen sus organismos de administración; o (b) en la oficina de su Agente Residente en Panamá. En caso que se decida mantener dichos registros y documentación fuera de la República de Panamá, se deberá proporcionar al Agente Residente la siguiente información: (a) La dirección física completa donde se mantienen los registros contables y la documentación de respaldo; y (b) Los datos completos del custodio de los mismos.

 Los registros contables y la documentación de respaldo deberá mantenerse por un periodo no inferior de 5 años contados a partir del último día del año calendario dentro del cual las transacciones para las que aplican estos registros fueron completadas o del último día del año calendario en el cual la persona jurídica cese sus funciones.

 En caso de mantener sus registros contables y documentación de respaldo fuera de la República de Panamá y éstos sean requeridos por la autoridad competente (Dirección General de Ingresos de Panamá – DGI), los mismos deberán ser proporcionados dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir del requerimiento por parte de la DGI. En caso que no se proporcione dicha documentación dentro del plazo previsto, la ley establece la obligación del Agente Residente de renunciar a su cargo como tal dentro de los 10 días hábiles.

 La persona jurídica que no cumpla con las obligaciones establecidas en dicha Ley, será sancionada por la autoridad competente con (a) Multa de US$1,000.00 o (b) Multa de US$100.00 por cada día que transcurra sin que se subsane la causa que dio lugar al incumplimiento.

El Agente Residente está obligado a mantener copia de los registros de acciones de aquellas sociedades para las cuales actúa como tal.

Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y cualesquiera otras personas jurídicas, nacionales o extranjeras, deben pagar al momento de su inscripción y en los años subsiguientes una tasa única anual de US$300.00. Las fundaciones de interés privado deberán pagar al momento de inscripción una primera tasa única anual de US$350.00 y en los años subsiguientes una tasa de US$400.00.

La falta de pago de la tasa única anual de una sociedad o fundación por 3 años consecutivos dará derecho al Registro Público de Panamá a suspender los derechos corporativos de la persona jurídica, previa orden de la DGI. También, el Registro de Panamá suspenderá los derechos corporativos de la persona jurídica que se encuentre moroso en el pago de alguna multa o sanción impuesta y debidamente ejecutoriada.

Una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica en el Registro Público, la persona jurídica contará con un plazo de 2 años para ser reactivada. La multa por reactivación de la persona jurídica es de US$1,000.00.

Expirado el plazo de 2 años arriba mencionado sin que la persona jurídica se haya reactivado, el Registro Público procederá con la cancelación definitiva de la sociedad o fundación. La entidad jurídica se entenderá disuelta de manera definitiva.

En caso que tengan inquietudes sobre éste y otros temas, no duden en contactarnos.

Juan Pablo Godoy  jgodoy@godoyhoyos.com

Catalina Hoyos choyos@godoyhoyos.com

Laura Durán  lduran@godoyhoyos.com